Desde antes de las elecciones del 14-M, los partidos que posteriormente han formado gobierno o le apoyan, en sus programas electorales anunciaron el propósito de  legalizar el que llaman matrimonio  entre personas del mismo sexo. Un vez constituido el Gobierno, pensando en contar con el respaldo de parlamentario de los partidos que le sostienen en la reunión del Consejo de Ministros de1 de octubre de 2004, aprobó un anteproyecto de la ley reguladora del susodicho propósito, que ha de ser discutido en trámite parlamentario para su aprobación o rechazo.

Tanto antes como después de este paso la Conferencia episcopal española y numerosos obispos en sus respectivas diócesis han declarado que el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, ni es matrimonio ni puede ser legalizado sin afectar la bien común de la sociedad española, causando sobre todo un daño profundo a la familia como institución.

Esta postura no debería haber extrañado a nadie, ya que responde a la
doctrina y a la praxis del depósito de la fe cristiana que los obispos
tienen le deber no sólo de custodiar, sino de propalar, utilizando el
derecho a la libertad de expresión que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos.

Sin embargo, tanto los portavoces del Gobierno  como determinados colectivos han considerado que la declaración episcopal constituía una ofensiva frontal contra el Gobierno, añadiendo que se trata de un ejecutivo legítimo salido de las urnas, con facultad de legislar sin atenerse a lo que piensen o digan los obispos. El argumento en que se basa esta reacción es el usado habitualmente por los progresistas, cuando en temas como el divorcio, el aborto, la eutanasia y, ahora, el matrimo­nio, afirman que los católicos no pueden pretender imponer al co­mún de la sociedad lo que es exclu­sivamente propio de su confesión religiosa. Lo cierto es que la Igle­sia, como cualquier otra persona o entidad, puede proponer lo que tiene por verdadero y deseable, confiando en que la verdad, que no debe imponerse por la fuerza,
se impondrá por la fuerza de la verdad.
 
Pero es que en el caso que nos ocupa, como en el del aborto y la eutanasia, la oposición a la legali­zación de un pretendido matrimo­nio entre personas del mismo sexo no necesita descansar en la doctri­na de la Iglesia católica, sino que se apoya en argumentos antropológicos compartidos por personas de otras religiones, ag­nósticos o ateos.
 
Y en estos térmi­nos, sin apoyarme en la fe cristia­na, que desde luego
confieso, digo que, de acuerdo simplemente con la recta razón, desde el principio de la sociedad humana, con datos que se retrotraen a más de 5.000 años, en todas las culturas, el ver­dadero matrimonio, sea religioso, civil o meramente natural, ha sido definido como la unión entre un hombre y una mujer, en orden a la procreación, y que la unión sexual entre dos hombres o dos mujeres no puede igualarse en derecho al verdadero matrimonio.
 
La razón antropológica, política y social es que las uniones entre personas del mismo sexo no están en condicio­nes de asegurar la procreación y la supervivencia de la especie huma­na, cosa que sí ocurre con el matri­monio que, gracias a la posibili­dad de engendrar hijos, se consti­tuye en el fundamento de la fami­lia que asegura la supervivencia de la sociedad.
 
Es cierto que en determinadas épocas y en determinadas cultu­ras, como la sumeria y la babilóni­ca, han existido, y siguen existien­do, entre los musulmanes, por ejemplo, formas matrimoniales de naturaleza Poligámica -un hombre con varias mujeres-; co­mo también han existido las de naturaleza Poliándrica-una mu­jer con varios hombres-. Pero ja­más, en ninguna cultura, se ha considerado matrimonio la unión entre personas del mismo sexo. Las relaciones homosexuales que, desde luego, no han faltado nun­ca, siempre y en todo lugar han sido tenidas como contrarias a la naturaleza y siempre se las ha con­siderado incapaces de ser regula­das como matrimonio en el ámbi­to del derecho. Sólo recientemen­te, cediendo a la presión del "orgu­llo gay", que, desde hace poco, ha salido de la discreción en que la homosexualidad se había mante­nido, algunos pocos países occi­dentales han legalizado la posibili­dad de que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio.
 
Pero estas leyes, propiamente hablan­do, no son leyes, sino corrupción de ley, porque, en sana filosofía, con antecedentes que se remon­tan a Platón o Aristóteles, que, por haber vivido varios siglos an­tes de Cristo no eran cristianos, la ley es la ordenación racional para el bien común, promulgada por quien tiene potestad para ello. Y la ley que otorga la condición de matrimonio a la unión de dos per­sonas del mismo sexo, no está ins­pirada en la recta razón, sino que va contra la naturaleza; no produ­ce el bien común sino que, para dar satisfacción a un reducido nú­mero de personas, perjudica la ver­dadera institución matrimonial a la que se acogen la mayoría de los ciudadanos y que, a consecuencia de dicha ley, queda relegada a una mera darse de matrimonio; y, final­mente, no está promulgada por quien tiene potestad para ello, porque ningún Parlamento, aun­que fuera por unanimidad, tiene potestad para legislar en contra de la ley natural, reconocible, por la recta razón, en el propio ser del hombre.
 
De aquí que el artículo 32 de nuestra Constitución, de acuerdo con la
antigua y muy res­petable tradición, diga que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica", lo cual, a jui­cio de numerosos civilistas de reconocido prestigio, y no precisa­mente de derechas, significa que la Constitución exige que el matri­monio sea heterosexual y que lega­lizar el matrimonio homosexual seria legislar contra la Constitu­ción. Por ello, es sospechoso, por lo menos, que el Gobierno preten­da eludir la preceptiva, aunque no vinculante, consulta al Consejo Superior del Poder Judicial sobre el proyecto de matrimonio homo­sexual. 

Aunque la opinión pública no constituya una prueba del error ínsito en las leyes que consideran matrimonio a la unión de dos per­sonas del mismo sexo la verdad es que estas leyes, al revés de 1o que se dice, en el fondo no gozan del favor de la opinión pública. En Suecia en abril el Parlamento constituyó una comisión para es­tudiar la posibilidad de que los homosexuales pudieran casarse, estableciendo que los ciudadanos podían dirigirse a la comisión pa­ra expresar su opinión. La mayo­ría de los que lo han hecho están en contra. Casi 40.000 personas han enviado mensajes de correo electrónico pidiendo que se man­tenga el concepto de matrimonio como unión entre un hombre y una mujer. En los Estados Unidos el "matrimonio homosexual" pier­de cuando se somete a plebiscito. Son ya seis los Estados de ese país donde se han aprobado enmien­das para expresar que sólo es ma­trimonio la unión entre un hom­bre y una mujer. Y son veinte los Estados que están en trámites pa­ra pedir al Congreso que apruebe una enmienda
federal que prohí­ba el matrimonio entre homo­sexuales.

Y en España, ¿qué sucede? Pues que, a consecuencia del pen­samiento débil que ha desemboca­do en la postura "políticamente correcta", si se pregunta a la gen­te, no son pocos los que, pensan­do que es algo que no les afecta directamente, contestan que el ma­trimonio entre homosexuales les parece bien, aunque generalmente se manifiestan en contra de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Sin embar­go, si profundizando en el tema se formula una segunda pregunta pa­ra saber cómo verían que uno de sus hijos optara por el pretendido matrimonio con otra persona del mismo sexo, la respuesta es que para el encuestado este hecho su­pondría un serio disgusto. Eviden­temente, al lado de los que acep­tan el proyecto, hay numerosos grupos, altamente calificados, que luchan, hasta llegar si es posible a la iniciativa legislativa popular, en contra del proyecto en trámite.

El error de las personas que, en aras de lo políticamente correcto, aceptan la legalización del matri­monio entre personas del mismo sexo es que piensan que es algo que no va con ellos; no van a usar­lo. Pero lo importante no es que sean más o menos los que lo usen; lo importante es que la legaliza­ción del matrimonio entre homo­sexuales, ataca al verdadero matri­monio y a la larga acabaría por destruirlo, en el sentido de que ca­da vez serían menos lo que se ca­san. Estudios estadísticos llevados a cabo en Escandinavia prueban que existe una relación directa en­tre la crisis de la institución del matrimonio y la aceptación del "matrimonio homosexual" por el ordenamiento jurídico.

En vez de favorecer la vuelta en bloque de la sociedad a la insti­tución del matrimonio, el "matri­monio homosexual" en Escandi­navia ha enviado a los hogares el mensaje de que el matrimonio es­tá pasado de moda, y que práctica­mente cualquier forma de familia -incluida la paternidad fuera del matrimonio- es aceptable. Es ló­gico que así sea: una vez que el "matrimonio homosexual", don­de está legalizado, ha destruido la relación entre matrimonio y pater­nidad, la gente acaba pensando que no vale la pena casarse, máxi­me si como también pretende el Gobierno socialista en España, el "divorcio rápido" reduciría el ma­trimonio a la categoría del contra­to civil menos protegido o más devaluado.
 
Todo esto no obsta para soste­ner que las personas homosexua­les, como los demás ciudadanos, tienen el derecho a recurrir al Códi­go Civil para establecer, entre ellas, el convenio que mejor asegure sus intereses Lo que sucede es que los grupos de presión homosexuales, que saben perfectamente que esta posibilidad es suficiente para los fines económicos y jurídicos de to­do orden, no se conforman con ello y pretenden que se les otorgue acceder al matrimonio, al que por ley natural no tienen ningún dere­cho, para de esta forma conseguir un elevado grado de aceptación so­cial. Lo cual, dicho sea de paso, no hace sino resaltar el valor de la institución matrimonial.
 
Ante todo ello, cuando el pro­yecto de ley que pretende equipa­rar al
matrimonio las uniones ho­mosexuales llegue a las Cortes, los diputados y senadores no pueden pensar que se trata de algo sin mayor importancia porque, aun­que la ley se apruebe, nadie estará obligado a utilizarla y sólo afecta­ría a quienes lo hagan. Y no pue­den pensarlo, porque, como he­mos visto, esta ley, a través del ataque al verdadero matrimonio, causaría un gran daño al bien co­mún. Por ello, los parlamentarios llamados a votar, tanto si son cató­licos como si no lo son, tanto si practican alguna otra religión co­mo si no lo hacen, tanto si son creyentes como si son agnósticos, si son de verdad humanistas, de­ben votar en contra del proyecto ya que votar a favor es ir en contra de la ley natural, de acuerdo con cuyos principios tanto la historia como la recta razón ponen de ma­nifiesto que el matrimonio sólo puede ser contraído por personas de distinto sexo.