La noticia que está en la calle es que el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha despedido al coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Es mentira: no lo ha despedido, sino que le ha enviado a su trabajo asistencial de siempre como anestesista, cesándole de un cargo de confianza, que era el de coordinador de urgencias.

Lo que menos noticia está siendo es lo verdaderamente importante: que, a raíz de una denuncia, se ha sabido que en el Servicio de Urgencias de ese hospital los índices de mortalidad triplican a los de otros hospitales de Madrid. Más: que, de los pacientes que murieron sedados, en más del ochenta por ciento de los casos, los responsables del servicio de urgencias no solicitaban el ingreso en planta, a pesar de que ese hospital cuenta con unidad de cuidados paliativos. Que, sólo en el año 2.004, en 57 casos de pacientes fallecidos en sedación no hay consentimiento informado. Que en muchos casos la indicación de sedación no fue adecuada, y la dosis excesiva.

Estos datos me parecen terribles, y les diré por qué. Hay una Ley vigente en España, conocida como “Ley de Autonomía del Paciente”, que es la Ley 41/2.002, que comienza hablando de la dignidad humana y que en su artículo segundo prescribe que “toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios”, y en el párrafo sexto del mismo artículo precisa que “todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica”.

Sólo por el incumplimiento de estos mandatos legales, el cese político del coordinador de urgencias era necesario. Ahora procede respetar la investigación que están llevando a cabo los jueces sobre éste y otros aspectos de este macabro caso.

Afortunadamente, el nivel profesional y ético de los médicos en España es muy elevado, pero la universalización de la atención sanitaria pública, dependiente de presupuestos elaborados por políticos y economistas, puede llevar a los profesionales sanitarios a tener las manos atadas en el ejercicio de esa misión sagrada que tienen de cuidar de nosotros.

Si un hospital carece de medios suficientes para atender a toda la población que tiene encomendada, habrá que establecer mecanismos flexibles para que, por falta de presupuesto, no se quede nadie sin el tratamiento adecuado. A los directivos de los servicios sanitarios se les habla demasiado de presupuestos, de gestión, de eficacia. Y se corre el riesgo de que esos directivos lleguen a su hospital con las tijeras en la mano, recortando de aquí y de allá, sin tener en cuenta que lo principal es ese concepto del que comienzan hablando las leyes sanitarias, que es la dignidad humana.

Corren malos tiempos para los médicos. Pero ellos saben que, además del deber de asistencia, tienen el deber de “poner en conocimiento de la dirección del centro las deficiencias de todo orden, incluidas las de naturaleza ética, que perjudiquen esa correcta asistencia. Y si no fueran corregidas, las denunciará ante el Colegio de Médicos o a las autoridades sanitarias, antes de hacerlo a otros medios”. Así lo ordena el artículo 37 del Código de Ética y Deontología Médica. Empecemos por ahí.

Emilio Sanz

El Día de Ciudad Real, 12 de abril de 2005