A mí me parece increíble que un grupo tan minoritario de personas, como esos que abanderan los colectivos de militancia homosexual, impongan sus criterios a la inmensa mayoría de la sociedad. Ni podía hablarse de discriminación por razón de sexo pues la homosexualidad no se trata de un nuevo sexo; ni mucho menos de demanda social, ya que la nueva y absurda regulación del matrimonio es algo que casi nadie pedía. El Partido Socialista quedó atrapado, como en tantas otras cosas, en un discurso político que estaba pensado para movilizar al griterío, pero no para gobernar. Las consecuencias que esta modificación legislativa va a tener en la sociedad pueden ser incalculables, sobre todo para la credibilidad de Zapatero. Ninguna persona sensata, sean cuales sean sus creencias, puede aceptar una barbaridad de este calibre.

Perdonen la inmodestia por el título de esta columna, pero en la VI legislatura (1996-2000) yo era diputado del Partido Popular y portavoz de esa formación en la Comisión Constitucional y propuse una medida legislativa para paliar las situaciones injustas que se producían en determinadas uniones de hecho, homo o heterosexuales. Recuerdo que, entre otros, utilicé el antecedente legislativo del derecho francés y concretamente la propuesta socialista del denominado «Contrato de Unión Civil». Recabé la opinión de todos los grupos militantes y hablé con muchas personas que vivían en esa situación. Llegamos a la conclusión, apoyada sin reservas por Aznar y por todo el grupo popular, a excepción de la inefable Villalobos, de que esa era una buena solución. Socialistas y comunistas -la Esquerra prácticamente no existía entonces- se opusieron por motivos políticos. Exactamente igual que los grupos militantes de homosexuales. Por nada más. Lo de los derechos, y el intento de remediar situaciones injustas y discriminatorias, les importaba muy poco. Mejor dicho: les importaba un bledo. De lo que se trataba era de visualizar que los populares éramos «homófobos» y el proyecto, una solución liberal y aceptable para toda la sociedad, creyente y no creyente, naufragó. Cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta -yo ya no era diputado- cometió el error de aparcar la cuestión. Y ahora los socialistas han perpetrado este solemne disparate jurídico, moral y social.

Diga lo que diga la vicepresidenta, los cristianos, cualquiera que sea su confesión, y los judíos, si son creyentes, no sólo pueden sino que deben negarse a celebrar este tipo de bodas esperpénticas por motivos de conciencia. En el caso de los católicos esa negativa es obligada y viene determinada por la Nota Doctrinal sobre las cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública firmada por el entonces cardenal Ratzinger y aprobada por Juan Pablo II el 24 de noviembre de 2002. Los católicos socialistas deberían repasar esa Nota.