¿Adiós a la familia?

 
"La vicepresidenta primera del Gobierno ha propuesto aplicar un tratamiento fiscal favorable a los hogares monoparentales. Se vería justificado por la emergencia de 'nuevas condiciones sociales y por el crecimiento de las familias con un solo progenitor, sostenidas sobre todo por mujeres". 
L. Bernaldo de Quirós

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS 16 noviembre 2005

Esta posición contrasta radicalmente con la política desarrollada por todos los gobiernos españoles desde la instauración de la democracia y también con la desplegada por la mayoría de los países industrializados desde hace dos décadas. En ellos se ha producido una abundante literatura y una evidencia empírica abrumadora que muestran los elevados costes sociales y económicos provocados por el deterioro de la estructura familiar tradicional y por el incremento de las llamadas estructuras familiares alternativas —parejas homosexuales u hombres y mujeres solos—.

La familia es uno de los fundamentos de una sociedad libre. En ella los niños aprenden el autocontrol, el respeto a los demás y el sentido de la responsabilidad individual. Sin embargo, la vida familiar ha recibido escasa atención por parte de los defensores intelectuales de la libertad. La razón más probable de esta aparente falta de interés ha sido que la solidez de la institución familiar se consideraba un hecho dado. Sin embargo, esa situación comenzó a cambiar en buena parte de las sociedades avanzadas, entre otras cosas, gracias a la aplicación de iniciativas similares a la planteada por la número dos del gabinete socialista. En EEUU y Reino Unido, las familias monoparentales superan el 20% del total de los hogares y, en ambos países, republicanos y demócratas, conservadores y laboristas, intentan dar marcha atrás a ese estado de cosas porque ha generado problemas muy serios.

El debilitamiento de la familia clásica y el auge de la monoparental tiene importantes consecuencias para los niños y para la sociedad como documentan la gran mayoría de los estudios disponibles. Las tasas de mortalidad infantil, los problemas de adaptación social, el fracaso escolar, los niveles de pobreza, los problemas mentales o las tasas de delincuencia juvenil, por citar sólo algunos ejemplos, son muy superiores en el caso de las familias de un solo progenitor que en las tradicionales. Esto no significa que las unidades monoparentales sean perversas a priori pero sí refleja que los experimentos, conscientes o inconscientes, destinados a promover y/o proteger formas familiares distintas a la articulada alrededor del padre y de la madre producen resultados perversos con un impacto negativo sobre el buen funcionamiento del orden social y, más en concreto, sobre el bienestar de los hijos. Estos son hechos inapelables documentados por una amplísima experiencia internacional (ver Morgan P., Farewell to the Family, IEA, 1999).

La aproximación de los socialistas españoles a la familia es esquizofrénica. Han adoptado un filosofía de absoluto laissez faire en lo referente a la elección de los estilos personales de vida que resulta poco compatible con su escepticismo, cuando no beligerancia, frente al resto de las demás manifestaciones de la libertad individual. Ahora bien, esta posición permisiva tampoco es coherente. Para el Gobierno Zetapé, los individuos pueden elegir como desean vivir pero, si se equivocan, el Estado debe salvarlos de sus decisiones. Esta incoherencia no ha sido constatada sólo por la crítica liberal o conservadora a los postulados éticos del socialismo, sino formulada por teóricos de la izquierda, alucinados ante lo que denominan “hedonismo socialista” (ver Dennis N. Y Erdos G., Families without Fatherood, Institute for the Study of Civil Society, 2000).

En este contexto, la legitimación de la acción gubernamental para apoyar a los hogares monoparentales es precisamente que la gente no parece darse cuenta de las desastrosas consecuencias que pueden derivarse de un entorno cuyos potenciales daños se extienden a terceros, en concreto, a los hijos. En este escenario, el Gobierno se proclama con derecho a intervenir para paliar los resultados de su previa intervención, esto es, el haber creado las condiciones para el florecimiento y expansión de estructuras familiares que no funcionan y tienen resultados sociales negativos. Esta es la base última del planteamiento realizado por la señora Fernández de la Vega cuyo objetivo es protegerse de los efectos causados por la política gubernamental diseñada para el fomento de formas familiares “alternativas”. El tema es que cualquier discriminación, incluso las “positivas”, tienen consecuencias no queridas.

Desde una perspectiva liberal, el trasfondo de la idea que aparece legitimada por el principio de no discriminación entre las distintas formas de articular la estructura familiar se viene abajo en cuanto se “premia” fiscal y legalmente una de estas formas: la familia monoparental. El problema surge cuando De la Vega pretende dotar todas estas “nuevas formas de familia” de unos beneficios fiscales con cargo a nuestros impuestos. Este planteamiento es incompatible con el principio de no discriminación que preside la arquitectura legal de un Estado de Derecho. Los privilegios, para nadie, sobre todo si se utiliza el dinero de la mayoría para favorecer a las minorías.